Por primera vez, las tres organizaciones que representan a los auditores de cuentas -el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, el Consejo General de Colegios de Economistas (REA) y el Consejo Superior de Colegios de Titulares Mercantiles (Rega)- han convocado a casi todos los profesionales de la auditoría de cuentas a participar en el Foro de las Corporaciones, que se celebrará en el marco del XVIII Congreso Nacional de Auditoría, los próximos 25 y 26 de noviembre en Sevilla.

La reforma de la Ley de Auditorías de Cuentas ha actuado como celestina de un sector que ha permanecido dividido durante los últimos años. Esta división ha sido uno de los motivos por los que los revisores no han podido ejercer una fuerte presión en la modificación de las normas que les afectan.

Pero, tras el primer acercamiento el pasado febrero de las tres organizaciones, que decidieron crear una comisión mixta integrada por los tres presidentes de las corporaciones para impulsar la transposición de la Octava Directiva de Auditoría, las normas han llegado, aunque sea mediante un proyecto de ley y tras la denuncia de Bruselas a España por no implantar la normativa comunitaria a tiempo.

El Icjce es la asociación con más peso del sector, al representar el 84,8% del negocio del mercado, que en 2008 movió 670 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac).

El REA, por su parte, aúna el 11,8% de la facturación, mientras que el Rega, el 3,4%. El predominio de los censores se remonta a 2002, cuando las grandes multinacionales del sector decidieron agruparse en la misma asociación.

Meses antes de la reelección del anterior presidente del Icjce, José María Gassó, se planteó una posible refundación del Instituto para integrar en una única asociación a la mayoría de los auditores, pero las otras dos asociaciones no se sumaron.

Entonces, grandes firmas auditoras que se encontraban en el Registro de Economistas Auditores (REA), como Deloitte, Ernst & Young y BDO, se incorporaron al Icjce.

Ahora, bajo la presidencia de Rafael Cámara, en el Icjce, Lorenzo Lara, en el Rega, y Valentich Pich, en el REA, la profesión está más unida que nunca. En la próxima reunión de Sevilla, abordarán la reforma de la normativa del sector, el valor de la auditoría en un nuevo escenario económico, los cambios del Plan General de Contabilidad y los principios éticos de los revisores, entre otros temas.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael Cámara, aseguró ayer durante su intervención en el XVIII Congreso Nacional de Auditoría, que se celebra en Sevilla y que por primera vez reúne a las tres corporaciones que representan a los auditores de cuentas españoles, que en estos años de crisis "los auditores han dado un paso al frente" y se han colocado "en el centro para dar soluciones". Una idea que también apoyó el vicepresidente del Instituto Mario Alonso que afirmó que el papel de los auditores se ha visto reforzado por la crisis "y estamos superando la falta de comunicación que hasta hace un tiempo teníamos con la sociedad para ser capaces de explicar qué es lo que somos los auditores, qué hacemos y para qué valemos".

Cámara añadió que los diferentes agentes económicos, las empresas y los reguladores cuentan con los auditores para cada vez más cosas, les hacen nuevos encargos, y sus informes son cada vez más tenidos en cuenta. Tanto, que la facturación del sector se ha ido incrementando de manera sostenida en los últimos cinco años hasta alcanzar los 730 millones en 2008.

El economista Guillermo de la Dehesa apuntó que en la actualidad los auditores son un ejemplo de integridad, porque han sido responsables "y han pagado cuando se han equivocado", lo que ha incidido en una mejora de su independencia. De la Dehesa contrapuso el buen hacer de los profesionales de la auditoría con el de las agencias de rating, a las que culpó de buena parte de la situación actual, de la que en su opinión aún tardaremos en salir. Explicó que la economía española sólo comenzará a crecer algo hacia finales de 2012. Sostuvo además que el reto de la economía española "y de las grandes del mundo" es recuperar su PIB potencial, que es lo que genera empleo y que estimó poder alcanzar hacia 2014.

Proyecto de ley

Los auditores aprovecharon para calificar de "avance único" la existencia de un proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, que se encuentra en tramitación parlamentaria y que está llamada a reformar la actual ley de 1988. Rafael Cámara señaló que el contar con una nueva ley era uno de los objetivos estratégicos que el Instituto de Censores se marcó después de su llegada a la presidencia de la corporación para eliminar de una vez por todas la responsabilidad ilimitada del auditor y ligarla sólo al daño efectivamente causado.

En cuanto al segundo de sus objetivos, el de la reforma del modelo de supervisión, señaló que la auditoría de cuentas aún necesita encontrar su encaje, pero "yo creo que si es una profesión de interés público, la auditoría acabará por encontrar su encaje y tendremos una posición relevante y tanto a profesión como la supervisión saldrán reforzadas".

El proyecto que reformará la Ley de Auditoría de cuentas de 1988 para adaptarla a la directiva europea de 2006 exigirá un mayor nivel de responsabilidad al auditor del grupo empresarial respecto a los trabajos de auditoría realizados en las entidades que componen ese grupo. De esta manera se incorporará por primera vez al ordenamiento español el principio de responsabilidad plena del auditor de cuentas del grupo respecto a los estados financieros consolidados.

La medida podría suponer en la práctica que se incremente aún más la alta concentración del sector de la auditoría en España, que como en el resto de Europa se encuentra en su mayor parte en manos de las llamadas cuatro grandes (KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PricewaterhouseCoopers). "Puede pasar que los auditores de los grupos, que suelen realizar las cuatro grandes, prefieran hacer ellos mismos también las de las sociedades que componen el grupo puesto que después se les va a exigir a ellos cualquier responsabilidad derivada de los estados financieros", reconocen desde el ICAC. "Pero es algo que se produce en España y en el resto de la UE", añaden.

El nuevo texto recogerá una de las peticiones más generalizadas de los profesionales de los auditorías. A partir de la aprobación de la norma los auditores sólo responderán de los daños que les sean directamente imputables y no por los perjuicios causados por la entidad auditada o por un tercero. Sólo podrá exigirse la responsabilidad solidaria del auditor cuando no sea posible individualizarse la causa de los daños y perjuicios.

Otro de los cambios de la ley que beneficiarán a los auditores será la reducción del plazo para ejercitar la acción contra los auditores por responsabilidad contractual, que dejará de estar fijado en los 15 años para pasar a ser de cuatro, el mismo plazo que se aplica a los consejeros de las sociedades mercantiles.

Y mientras se reducen las exigencias de responsabilidad se incrementan los requisitos de independencia, se delimitan los supuestos de incompatibilidad en los que el auditor deberá abstenerse de actuar y se revisan ciertas causas de incompatibilidad vigentes hasta ahora, que pasan a vincularse al régimen general de salvaguardas (relaciones empresariales, participación en la contratación de altos directivos, servicios distintos de auditoría), y clarifica la aplicación de otras (participación financiera directa, servicios de valoración y abogacía, existencia de relaciones familiares con determinados cargos de la entidad auditada). Por ejemplo, la incompatibilidad por la prestación de servicios de abogacía u de valoración se circunscribe, según el ICAC, sólo a aquellos servicios referidos a asuntos que tengan una incidencia significativa o afectar a la evaluación de cantidades significativas en las cuentas del al ejercicio.